Archivo de la etiqueta: Precios de transferencia

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AVALA EL RÉGIMEN SANCIONADOR DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA

El Tribunal Constitucional en Sentencia de 13 de julio de 2013, ha declarado la constitucionalidad tanto de la tipificación como del régimen sancionador de la normativa de precios de transferencia en relación con la obligación de documentar las operaciones vinculadas.

Ha de recordarse que la obligación de documentar las operaciones vinculadas y el régimen sancionador aparejado a su incumplimiento, fue introducido por la Ley 36/2006, de 29 de marzo. Antes las dudas que planteaba la citada Ley, fue el Tribunal Supremo el que elevó cuestión de inconstitucionalidad mediante Auto de fecha 8 de febrero de 2011 al considerar que se podría estar vulnerando el artículo 25 de la Constitución Española.

El debate en el seno del Tribunal Constitucional se centraba en tres aspectos o puntos de vista:

1.- Desde una perspectiva formal, pues se podría estar vulnerando el principio de reserva de Ley que implica la necesidad de que las normas que tipifican conductas infractoras, así como su régimen sancionador, deben tener rango de Ley.

El Tribunal Constitucional salva la legalidad de la norma “relajando” el principio de reserva del presente caso, al considerar que el mismo se entiende cumplido con la simple remisión que hace la norma al Reglamento, quedando establecida por la Ley remitente de manera clara, concisa y previa los elementos esenciales de la conducta antijurídica.

Así, considera el Tribunal Constitucional que mediante la fijación de quienes son los sujetos susceptibles de incurrir en responsabilidad (es decir, las personas vinculadas) y el detalle de las conductas infractoras (falta de aportación de la documentación, aportación incompleta o inexacta y declaración de un valor de mercado diferente) se dan por cumplidos esos requisitos de determinación clara, previa y concisa de la conducta antijurídica.

2.- Desde el punto de vista material, el debate se centraba sobre la necesidad de que las conductas infractoras y su régimen sancionador sean recogidos por la Ley con la mayor precisión posible, de tal modo que sea perfectamente entendible por parte del administrado tanto las conductas ilícitas tipificadas como sus consecuencias.

Aquí, es curioso que el propio Tribunal Constitucional se muestra crítico con la utilización por parte de la norma de términos vagos e indefinidos tales como “dato”, “conjunto de datos”, “incompleto”, etc. Resulta evidente que mediante la utilización de estos términos imprecisos, el Reglamento no cumpliría con la predeterminación material obligatoria por cuanto no se estaría expresando con exactitud las conductas merecedoras de ser calificadas con infracción.

A pesar de ello, el Tribunal Constitucional da un giro y establece, para la salvar la constitucionalidad de la norma, que el artículo 25.1 de la Constitución Española, que es el que se estaría vulnerando en el presente caso, no obliga a que la Ley enumere todas las infracciones administrativas una a una sino simplemente sería suficiente con establecer cuales son los elementos esenciales de la conducta antijurídica tipificada como infracción administrativa.

3.- El último punto objeto de análisis por parte del Tribunal Constitucional, se centra en la proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción prevista por la normativa de precios de transferencia. Es decir, toda sanción o multa debe ser proporcional a la infracción cometida y, en este caso, es evidente que la sanción aparejada al incumplimiento de la obligación de documentar las operaciones vinculadas es totalmente, en nuestra opinión, desproporcionada.

Pues bien, en este caso el Tribunal Constitucional también salva la constitucionalidad de la norma, estableciendo que son los jueces y tribunales de la Jurisdicción Ordinaria los que deben analizar y comprobar la existencia o no de proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción impuesta en cada caso en concreto.

En conclusión, y en nuestra opinión, se debería proceder a una modificación de la normativa de precios de transferencia para adaptar la misma a las directrices de la OCDE por cuanto la normativa de precios de transferencia no debe ser considerada, en sí misma, como un mero mecanismo antielusorio, sino como un medio para evitar la erosión de bases imponibles mediante el establecimiento entre partes vinculadas de precios fuera de condiciones normales de mercado. Mediante dicha reforma se proporcionaría a los contribuyentes un marco jurídico más adecuado y garantista del principio de seguridad jurídica básico en cualquier ordenamiento jurídico.